Pisco elecciones municipales 2026: ¿el plan de Acción Popular para Pisco son promesas reales o fantasía legal?

Tras analizar el plan y compararlo con las competencias que la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972) asigna a las municipalidades provinciales, se concluye que, si bien contiene propuestas viables y dentro del marco legal, también incluye varias promesas que exceden sus funciones y que, por lo tanto, son de muy difícil o imposible cumplimiento.

Entre los errores e inexactitudes formales, el documento afirma que Pisco es “la segunda alternativa turística del Perú” sin citar fuente. Propone una “delegación de competencias con DIRESA y MINSA” para especialidades médicas, figura jurídicamente discutible para servicios de salud.

La falencia más grave es que promete como obras municipales lo que no le corresponde ejecutar: el Pabellón de Quemados y Hemodiálisis (MINSA y Gobierno Regional), el megaproyecto La Polvareda (MIDAGRI y GORE), el Muelle Fiscal (nivel nacional), las 5,000 viviendas de interés social (MVCS y Fondo Mivivienda), el agua 24 horas garantizada (EMAPISCO, OTASS y MVCS), la telemedicina en el 100% de centros de salud (DIRESA y MINSA), la Oficina Zonal de Transportes del GORE Ica (no depende de la Municipalidad Provincial de Pisco), reducir la percepción de inseguridad a menos del 50% sin línea base, el 100% de aguas residuales tratadas al 2029, los 5,000 títulos de propiedad al 2030, las 2,000 hectáreas reconvertidas y las 85 áreas acuícolas atendidas al 100%.

En lo técnico, el plan carece de línea base, no presenta costos referenciales ni montos por proyecto, no incluye plan de operación y mantenimiento, no tiene matriz de riesgos de gobierno, no desarrolla escenarios fiscales, no se articula con el PEI 2026-2030, PDLC, PMI, POI, Sistema Invierte ni FIDT, y no asigna responsables orgánicos por intervención. Esto impide saber cuánto costará, cómo se financiará y quién pagará el mantenimiento. Tampoco incorpora catastro multipropósito, banco de suelo, semáforo de proyectos ni una política de integridad con mapa de riesgos de corrupción. Sin estos instrumentos, la gestión queda sin brújula técnica y sin blindaje institucional.

Hay contradicciones internas. Dice “cero promesas vacías”, pero muchas metas no tienen costo, fuente ni responsable. Dice “austeridad”, pero propone construir coliseos, piscina temperada, museo, terminal, parque industrial, 5,000 viviendas, pabellones hospitalarios y buses universitarios al mismo tiempo. Dice “tolerancia cero a la corrupción”, pero no desarrolla sistema de integridad, trazabilidad ni datos abiertos. Ahora bien, el plan coincide con demandas ciudadanas legítimas: seguridad, agua, saneamiento, residuos, movilidad, empleo, turismo, cultura, deporte y gobierno digital. Esa conexión con el Pisco real es su principal activo político.

En salud, propone “crear el Policlínico Municipal de Especialidades a Bajo Costo con farmacia comunitaria social” y “comprometer la inversión de las grandes empresas… para cofinanciar e implementar pabellones de alta complejidad”. La municipalidad puede gestionar la atención primaria y construir postas o puestos de salud en coordinación con otros organismos, pero no crear ni administrar hospitales o policlínicos de especialidades de alta complejidad: esa es competencia del MINSA y de los Gobiernos Regionales, a través de la DIRESA.

En educación, propone “adquisición de la flota de buses interprovinciales” para estudiantes universitarios, “lograr la firma del convenio institucional con la UNICA para la instalación de nuevas facultades” y “capacitar al 100% del personal docente”. La ley faculta a construir, equipar y mantener infraestructura educativa, así como promover la diversificación curricular y apoyar redes educativas. No puede asumir la capacitación docente (MINEDU y Gobierno Regional). El transporte universitario es una iniciativa de apoyo social, pero no obligatoria, y requeriría sustento presupuestal y legal muy sólido.

En patrimonio cultural, propone “gestionar la creación del Museo de Pisco”, “suscribir convenios internacionales para la repatriación de piezas arqueológicas” y “construir el Obelisco, Arco y Faro”. La municipalidad promueve la protección y difusión del patrimonio y colabora con los organismos competentes, pero la gestión de museos nacionales y la repatriación de bienes culturales son competencias exclusivas del Ministerio de Cultura. La construcción de monumentos conmemorativos es una obra pública permitida, siempre que se enmarque en el plan de acondicionamiento territorial y no supla las funciones del sector Cultura. Un Museo de Pisco en local municipal, en cambio, puede ser viable con reformulación.

En seguridad ciudadana, propone “erradicar el 100% de los focos delictivos” y “lograr que el 100% de los distritos priorizados implementen el modelo de prevención comunitaria”. La municipalidad establece el sistema de seguridad ciudadana y norma el serenazgo en coordinación con la PNP, pero la erradicación del crimen organizado, la extorsión y la microcomercialización de drogas es función de la PNP y del Ministerio Público. La municipalidad puede apoyar con serenazgo y coordinación, no asumir el mando ni la responsabilidad principal de la lucha contra el delito.

En saneamiento, propone “garantizar un suministro de agua potable continuo las 24 horas del día” y “desarrollar y ejecutar un nuevo proyecto integral de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución”. La ley permite administrar y reglamentar el servicio de agua potable, directamente o por concesión, pero la construcción de grandes megaproyectos de infraestructura hídrica es responsabilidad del MVCS y del Gobierno Regional. La municipalidad puede gestionar y cofinanciar, no ejecutar como principal responsable.

El plan también incluye iniciativas que sí son competencia municipal y que, por tanto, son factibles, especialmente si se reformulan y se articulan con los instrumentos de gestión. En residuos sólidos: “construir el Relleno Sanitario Provincial” y “erradicar el 100% de los botaderos informales”, función exclusiva de la municipalidad provincial, complementable con MINAM y MVCS y con el programa de segregación en la fuente. En tránsito y transporte público: “reordenamiento vial, semaforización y apertura de vías” y “reinscripción tecnológica de mototaxis con códigos QR”, pues la ley faculta a normar, regular y planificar el transporte terrestre en su jurisdicción; también son viables el ordenamiento vial, la semaforización y paraderos, y la reinscripción y codificación de mototaxis. En desarrollo económico local: “gestión para la creación del Parque Industrial de Pisco” y “ejecutar el fondo concursable PROCOMPITE”, pues la ley permite ejecutar directamente o concesionar obras de infraestructura productiva y promover el desarrollo económico local; son viables, con reformulación, el parque industrial como promoción y habilitación, PROCOMPITE y maquicentros, la Bolsa de Trabajo Municipal, los mercados N.° 1 y N.° 2 vía OxI, el camal municipal y el terminal terrestre vía APP o iniciativa privada. En gestión de riesgos de desastres: “actualizar el mapa de riesgos provincial e instalar el Sistema de Alerta Temprana (SAT)”, función compartida con el gobierno regional y nacional, con rol clave de la municipalidad en la coordinación y ejecución local. En cultura, deporte y espacios públicos son viables, con reformulación, la recuperación de losas deportivas y espacios públicos, la Academia Deportiva Municipal, el Museo de Pisco en local municipal, la Casa de la Cultura y ferias distritales. En desarrollo social, la DEMUNA fortalecida, los comedores populares y el PVL con reempadronamiento. En ambiente y calidad de vida, los corredores verdes y el control de ruido. En gobierno digital y transparencia, el gobierno digital, TUPA y transparencia, las audiencias descentralizadas y el visor de metas.

El Plan de Gobierno de Acción Popular para Pisco contiene propuestas ambiciosas, pero muchas no son de competencia municipal directa. Esto no significa que sean intrínsecamente inviables, sino que su ejecución dependería en gran medida de la capacidad de gestión, negociación y coordinación del futuro alcalde con el Gobierno Nacional (MINSA, MINEDU, MVCS, Ministerio de Cultura, etc.) y el Gobierno Regional de Ica.

En resumen este plan implica que si el candidato es elegido como alcalde, deberá ser un gestor muy hábil para lograr que otras entidades asuman la responsabilidad principal de estas obras. No podrá ejecutarlas por sí solo. Las promesas que dependen exclusivamente de la voluntad de otras entidades son, en la práctica, las más difíciles de cumplir. Las propuestas que sí están dentro de sus competencias son las que pueden empezar a ejecutarse desde el primer día de gestión, siempre que exista la voluntad política y la capacidad técnica para hacerlo.

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