La respuesta no debe buscarse únicamente en las declaraciones, sino en la gramática de las imágenes: la frecuencia de aparición de las figuras públicas, el lenguaje emocional empleado, el uso de los recursos de difusión y la brecha entre la actividad difundida y los resultados tangibles en el bienestar ciudadano.
Existe además una dimensión que no puede ser excluida de este debate: los recursos públicos. La producción de fotografías, videos, piezas gráficas, campañas digitales, materiales promocionales, eventos y actividades implica el despliegue de recursos humanos, técnicos y económicos. Cuando estos son financiados con el erario común y el aporte privado, existe una obligación elemental de transparencia. No basta preguntar cuánto costó una campaña; resulta imperativo cuestionar para qué se gastó, qué objetivo público perseguía, qué productos fueron contratados, qué resultados tangibles produjo y quién terminó beneficiándose de ello.
Precisamente por eso el análisis debe ser documental y no meramente emocional. Los contratos, órdenes de servicio, términos de referencia, presupuestos, productos entregados y contenidos publicados permitirían establecer hasta qué punto existe correspondencia entre el gasto público y la finalidad institucional declarada. La pregunta fundamental es sencilla: ¿Los fondos dinerarios publicos y los aportes privados está financiando información de interés público o está costeando la construcción de una imagen favorable para un relato oficial? Cuando los recursos colectivos se desvían hacia este último fin, la inversión social se degrada en una estrategia de lavado de imagen, donde el presupuesto de todos se instrumentaliza para subsidiar el autoelogio político.
Una de las mayores debilidades de la comunicación política contemporánea consiste en presentar actividades como si fueran resultados. Organizar un evento es una actividad; incrementar el flujo turístico real es un resultado. Publicar fotografías y videos es una actividad comunicacional; conservar efectivamente ese patrimonio es un resultado de política pública. Realizar una campaña turística es una actividad; demostrar un impacto económico verificable en la comunidad es un resultado. Participar en una ceremonia es una actividad; resolver un problema ciudadano es un resultado. Esta distinción debería estar presente en cualquier evaluación seria de una administración local. Porque una entidad pública puede estar extremadamente activa y ser, al mismo tiempo, institucionalmente ineficiente. La actividad produce fotografías, video y eventos; el resultado produce transformación. Confundir ambos escenarios es la base del "populismo municipal": una táctica que busca que la pirotecnia de los eventos oculte la parálisis de las obras estructurales.
Una verdadera política turística no debería limitarse a mostrar atractivos; debería resolver las condiciones de infraestructura y servicios que permiten que esos atractivos se conviertan en un destino sostenible. Una verdadera política de comunicación institucional no debería fabricar una ciudad ideal; debería informar honestamente sobre la ciudad existente y sobre las acciones reales que se ejecutan para transformarla. El mayor desafío consiste en abandonar la concepción de Pisco como simple escenario para fotografías y videos festivos e institucionales. Pisco no es un decorado, no es una bandera, no es un eslogan y no es el fondo visual para proyectar figuras públicas. Pisco es una sociedad, un territorio y una memoria colectiva; un conjunto de ciudadanos que tienen derecho a exigir resultados concretos.
Por eso la discusión sobre la 59.ª Semana Turística trasciende la celebración misma. Lo que está en juego es qué representación de la ciudad se está construyendo desde el aparato institucional y con qué propósito. La pregunta no debería ser únicamente si la campaña es estética, emotiva o viral; la interrogante de fondo es si es verdadera, pertinente, responsable y proporcional al interés público. Porque cuando la comunicación consigue que la imagen de una gestión crezca más rápido que la calidad real de sus servicios, aparece un peligro democrático: la sustitución de la evaluación ciudadana por una percepción cuidadosamente administrada mediante la política del espectáculo. Y cuando la cultura, el patriotismo y el turismo son utilizados como instrumentos para producir esa percepción, la discusión deja de ser solamente estética. Se convierte en una discusión sobre el uso del poder.
Epílogo: La ciudad que queda cuando termina la fotografía
La 59.ª Semana Turística terminará. Los escenarios serán desmontados, los artistas regresarán a sus actividades habituales, las banderas serán retiradas y las publicaciones desaparecerán progresivamente de las primeras posiciones de las redes sociales. Los videos dejarán de circular con la misma intensidad algoritmicamente forzada. Pero Pisco permanecerá. Permanecerán sus calles, sus barrios, sus problemas, sus monumentos, sus instituciones, sus ciudadanos y sus necesidades urgentes.
Y será precisamente esa ciudad cotidiana la que permita establecer la diferencia entre gestión y espectáculo, identidad y escenografía, promoción e instrumentación de una propaganda camuflada. La verdadera discusión no es si Pisco debe mostrarse; debe mostrarse, promocionarse y celebrarse reconociendo su historia. Pero debe hacerse desde la honestidad pública.
Porque la función de una política gubernamental responsable no consiste en fabricar un Pisco perfecto para las cámaras, sino en contribuir a transformar el Pisco real. La ciudad de la pantalla puede ser hermosa durante unos minutos; la ciudad de los ciudadanos debe ser digna todos los días. Y ninguna campaña audiovisual, por sofisticada que sea, puede sustituir esa diferencia.
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