El nombramiento de Alberto Beingolea y la crisis de especialización en el Ministerio de cultura del Perú

El nombramiento del abogado Alberto Beingolea como ministro de Cultura trasciende el debate sobre una persona. Lo verdaderamente preocupante es que vuelve a evidenciar una práctica recurrente del Estado peruano: tratar al Ministerio de Cultura como una cartera de menor importancia, donde la especialización deja de ser un requisito y la experiencia en políticas públicas culturales parece convertirse en un aspecto secundario. En ningún Estado que aspire a fortalecer sus instituciones resultaría aceptable designar al frente del Ministerio de Economía a alguien sin trayectoria en política económica, ni entregar el Ministerio de Salud a quien desconozca la gestión sanitaria. Sin embargo, cuando se trata de Cultura, esa exigencia desaparece con inquietante frecuencia.

La discusión no gira en torno a la profesión del nuevo ministro. Ser abogado no constituye una limitación para ejercer la función pública. El problema radica en que su trayectoria pública ha estado vinculada principalmente al ámbito político y jurídico, sin una experiencia reconocida en gestión cultural, patrimonio, industrias culturales, interculturalidad o formulación de políticas públicas para el sector. Gobernar implica mucho más que administrar un despacho: exige comprender la complejidad técnica, jurídica, social y económica del ámbito que se dirige.

Persistir en este tipo de decisiones transmite un mensaje profundamente desalentador para miles de profesionales que durante décadas han construido conocimiento especializado en arqueología, historia, antropología, conservación del patrimonio, museología, bibliotecología, gestión cultural, industrias creativas, artes y políticas culturales. El mensaje implícito es devastador: la experiencia acumulada, la investigación académica y la formación especializada pesan menos que las negociaciones y los equilibrios políticos propios de cada gobierno.

Esta lógica revela una preocupante visión del Estado. Se sigue considerando que la cultura se limita a organizar ceremonias, festivales o actividades artísticas, cuando en realidad el Ministerio de Cultura administra uno de los patrimonios culturales más importantes del planeta. Es responsable de proteger miles de sitios arqueológicos, preservar el patrimonio histórico y documental, combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, fortalecer las industrias culturales y creativas, garantizar los derechos culturales de la ciudadanía, formular políticas de interculturalidad y mantener una relación permanente con los pueblos indígenas y las comunidades originarias. Cada una de estas responsabilidades demanda conocimiento técnico, continuidad institucional y una visión estratégica de largo plazo.

Las consecuencias de designar autoridades sin una trayectoria consolidada en el sector no son únicamente simbólicas. La falta de especialización puede traducirse en retrasos en la ejecución de políticas públicas, debilitamiento de los mecanismos de protección del patrimonio, pérdida de continuidad en programas estratégicos, decisiones administrativas alejadas de las necesidades reales del sector y menor capacidad para representar al Perú en los espacios internacionales donde la cultura constituye un componente esencial del desarrollo sostenible. La improvisación en la conducción institucional termina teniendo un costo que paga todo el país.

El problema, además, no es nuevo. Desde la creación del Ministerio de Cultura, la alta rotación de ministros y los constantes cambios de orientación han impedido consolidar una política cultural de Estado. Cada nueva gestión suele comenzar desde cero, interrumpiendo procesos, modificando prioridades y debilitando la planificación de largo plazo. Ningún sector estratégico puede desarrollarse bajo una lógica de permanente discontinuidad.

Resulta paradójico que el Perú, reconocido mundialmente por su inmenso patrimonio arqueológico, su diversidad cultural, sus lenguas originarias, sus expresiones artísticas y su riqueza histórica, continúe otorgando a la institucionalidad cultural una importancia claramente inferior a la que concede a otros sectores del Estado. Se exigen perfiles altamente especializados para dirigir áreas económicas, financieras o de seguridad, pero cuando se trata de la cultura, pareciera imponerse la idea de que cualquier trayectoria política resulta suficiente.

La cultura no constituye un gasto accesorio ni un espacio protocolar. Es un eje estratégico para la construcción de ciudadanía, el fortalecimiento de la identidad nacional, la cohesión social, la educación, el turismo, la economía creativa y el desarrollo democrático. Minimizar su complejidad equivale a desconocer uno de los principales activos del Perú como nación.

El debate, por tanto, no debe centrarse exclusivamente en Alberto Beingolea. El verdadero cuestionamiento debe dirigirse hacia un modelo de gestión pública que continúa relegando la cultura a un segundo plano y que insiste en convertir una cartera altamente especializada en un espacio sujeto a cálculos políticos antes que a criterios técnicos. Mientras esa lógica prevalezca, el Ministerio de Cultura seguirá perdiendo capacidad institucional y el país continuará enviando un mensaje inequívoco: que proteger la memoria, la diversidad y la identidad nacional no constituye una prioridad del Estado peruano. Un país que no exige excelencia para conducir su política cultural termina debilitando la defensa de su patrimonio, empobreciendo su vida democrática y comprometiendo la construcción de su propio futuro.

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