El plan educativo de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) llega con un diagnóstico certero y necesario: reconoce la mercantilización del sistema, el subfinanciamiento crónico —Perú destina el 4.24% del PBI frente al 6% recomendado por la UNESCO, ubicándose por debajo de países como Noruega, Estados Unidos y Corea del Sur —, la vergüenza de tener 58% de colegios sin agua potable y una brecha de infraestructura que supera los S/ 158 mil millones. También acierta al visibilizar la precarización docente: el déficit real de profesionales en educación intercultural bilingüe asciende a 19,745 docentes, no 25,796 como señala el plan —cifra que la Defensoría del Pueblo ya alertó en 2021—, y la crisis terminal de la universidad pública . Hasta ahí, el papel aguanta. Pero un buen diagnóstico no salva un mal tratamiento. Y aquí el problema es de fondo: el plan confunde declarar derechos con diseñar políticas públicas efectivas.
El primer y más grave vacío es estratégico: no existe una estrategia pedagógica nacional. No hay metas explícitas para mejorar comprensión lectora pese a que la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA 2025) muestra que los avances en lectura y matemática se mantienen estancados respecto a 2023 y 2024, salvo mejoras puntuales en zonas rurales . Tampoco aborda cómo revertir que, en escuelas EIB (Educación Intercultural Bilingüe)de frontera como la UGEL Río Santiago, solo el 2% de estudiantes alcanza nivel satisfactorio en lectura en castellano como segunda lengua —frente a un 22% nacional—, una brecha que el promedio regional simplemente invisibiliza . En un país donde la calidad del aprendizaje está en estado de emergencia, proponer un plan sin hoja de ruta pedagógica es como construir un hospital sin médicos.
El segundo problema es de realismo transformador. Plantear reducir solo el 20% de la brecha de infraestructura en cinco años, frente a un déficit histórico de más de S/ 158 mil millones, es tímido. El presupuesto público para educación en 2026 asciende a 17 mil millones de soles —el segundo más alto otorgado a un sector—, pero de este solo 295 millones se destinan al mantenimiento de más de 53 mil colegios, una cifra insuficiente frente a la magnitud del problema . Erradicar el analfabetismo en un quinquenio suena bien en un eslogan, pero la realidad es tozuda: en los últimos 15 años, el Perú solo logró reducir la tasa de analfabetismo en 2.6 puntos porcentuales, y más del 80% de las personas analfabetas superan los 40 años, concentrándose en regiones como Huánuco (12.5%), Apurímac (11.2%) y Cajamarca (9.9%) . Sin metas anuales territorializadas ni un programa específico para zonas de extrema pobreza, la promesa se convierte en propaganda.
En el plano docente, el plan acierta al proponer el nombramiento masivo —actualmente hay más de 272 mil docentes nombrados y 130 mil contratados —, pero omite por completo la carrera pública magisterial. La brecha EIB, aunque se ha reducido, sigue siendo crítica: faltan 9,851 docentes bilingües en secundaria, 6,411 en primaria y 3,213 en inicial, y muchas plazas son ocupadas por profesores que solo hablan castellano o bilingües sin título pedagógico . El plan no responde: ¿Cómo se evalúa el desempeño? ¿Qué incentivos hay para la mejora continua? ¿Cómo se cierra la brecha de formación inicial sin fortalecer institutos superiores y universidades públicas? Sin respuestas, el nombramiento masivo solo estabiliza el statu quo, no lo mejora.
En el ámbito de la interculturalidad y la educación bilingüe, el plan tiene sensibilidad pero adolece de operatividad. Si bien se observan avances en escuelas EIB —la reducción del nivel "previo al inicio" en lectura fue de 5.3% entre 2023 y 2025—, persisten problemas estructurales: el 52% de estudiantes cree que estudiar castellano y lengua originaria a la vez hace que se aprendan mal ambas lenguas, una percepción errónea que la evidencia pedagógica desmiente pero que el plan no aborda cómo combatir . Además, la relación escuela-familia en comunidades EIB es mucho más débil: solo el 58% de familias reporta ser informada por la escuela, frente al 80% nacional . Un discurso identitario potente sin estrategias para fortalecer la confianza comunitaria y la formación de docentes bilingües no cambia la realidad del niño shipibo o aimara que aprende en una lengua que no es la suya.
En conclusión final el plan Sánchez es asimétrico. Tiene un diagnóstico de primera línea, sensibilidad social y enfoque de derechos bien desarrollado, pero fracasa en lo más elemental: mejorar los aprendizajes con una estrategia pedagógica clara, metas realistas y gobernanza técnica. Sin un plan que ponga la calidad en el centro, la brecha no se cierra: se perpetúa.
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