El plan cultural de Roberto Sánchez es una revolución o solo un epitafio hermoso

 

El plan de gobierno de Roberto Sánchez en materia cultural parte de un diagnóstico contundente y necesario: el Perú sigue siendo un Estado centralista, colonial y homogeneizador que margina la diversidad cultural y normaliza la precariedad laboral de sus trabajadores del arte. Este reconocimiento explícito del racismo estructural y la concentración de inversión en Lima coloca al documento por encima del promedio de los planes políticos recientes. Sin embargo, el sector cultura no solo necesita diagnósticos certeros: exige mecanismos concretos para transformar esa realidad. Y allí es donde el plan empieza a tambalear.

El sector cultura peruano enfrenta una emergencia silenciosa. Según datos del Ministerio de Cultura, el Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes (RENTOCA) contabiliza 30,119 trabajadores culturales registrados a 2024 . La propuesta de Sánchez de alcanzar el 60% de formalización al 2031 es loable, pero el contexto laboral peruano es desolador: la Encuesta Permanente de Empleo Nacional del INEI revela que, durante el periodo abril 2024-marzo 2025, el 70.7% de los ocupados en Perú trabaja en condiciones informales, con tasas que superan el 94% en zonas rurales y alcanzan el 82.3% en ciudades como Juliaca . Frente a esta realidad estructural, el plan peca de ingenuo si no se diseña un régimen laboral especial adaptado a la intermitencia del trabajo artístico. Organismos internacionales como la CEPAL y la OIT han documentado que los sistemas de monotributo en Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia han logrado reducir la informalidad entre trabajadores independientes al simplificar el pago de tributos y contribuciones a la seguridad social . La urgencia del sector no es solo declarativa: necesita instrumentos operativos como un monotributo cultural peruano, que hoy brillan por su ausencia en el plan.

Otro punto crítico es la creación del Fondo Nacional de Cultura, una demanda histórica que el candidato recoge acertadamente. Pero la realidad presupuestal del sector es alarmante: el presupuesto del Ministerio de Cultura ha caído de S/995.7 millones a S/826.8 millones para 2026, y el propio ministro admitió ante el Congreso que esta reducción responde a que el sector "no supo gastar" ejecutando menos del 40% en proyectos de inversión . En comparación regional, mientras Chile aumentó su presupuesto cultural al 0.52% del gasto público (549 mil millones de pesos chilenos) y Colombia mantiene una tendencia al alza, Perú retrocede y ni siquiera logra ejecutar lo poco que se le asigna . El plan de Sánchez promete 2,000 proyectos comunitarios al 2031 sin precisar presupuesto, fuente de recursos o mecanismos de sostenibilidad. El sector cultura requiere financiamiento predecible y descentralizado, no buenas intenciones sin anclaje fiscal. La falta de cifras y gobernanza financiera convierte una propuesta potente en un riesgo de frustración.

En descentralización, el plan acierta al señalar a los municipios como núcleos de gestión cultural y al proponer un Sistema Nacional de Cultura Plurinacional. Pero la brecha territorial es abismal: mientras Lima Metropolitana concentra los mayores ingresos laborales (S/2,486 mensuales en promedio), ciudades como Cajamarca y Huancavelica registran tasas de desempleo del 9.4% y niveles de informalidad que superan el 70% . Las direcciones desconcentradas de cultura carecen de personal calificado y presupuesto operativo. El plan no especifica qué funciones se transfieren, cómo se evita el vaciamiento de las direcciones nacionales existentes ni quién forma a los gobiernos locales para administrar recursos culturales. Sin formación en gestión cultural local, la descentralización será un eslogan más. Aquí el plan es vago cuando debería ser quirúrgico.

Las propuestas en interculturalidad y lenguas originarias —medios públicos multilingües, cuotas de contenido, incentivos a la producción decolonizadora— son innovadoras y necesarias. Pero el plan no dimensiona la magnitud real de la deuda histórica: el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) documentó más de 6,000 comunidades afectadas por la violencia política, con un saldo de 69,280 víctimas fatales, la mayoría de población indígena y quechua hablante . La propuesta de cerrar el 70% de la brecha de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) sin una reforma magisterial paralela ni un presupuesto específico es, cuando menos, optimista. La cultura no se desarraiga de la educación: un político que ignora esta articulación condena sus propuestas al folclorismo. Sánchez plantea identidad, pero no aborda calidad educativa ni formación para economías creativas contemporáneas.

Finalmente, el plan destaca por incluir justicia transicional y reparación simbólica, ausente en otras ofertas. La CVR estableció que la reparación colectiva debe alcanzar a todas las comunidades campesinas y nativas afectadas, recomendando un fondo de reparaciones que nunca se ha implementado plenamente . La meta de reparar al 100% de comunidades en cinco años es humanitariamente necesaria pero operativamente irrealizable sin costos detallados ni capacidad institucional. El sector cultura necesita urgencia, sí, pero también honestidad técnica. Un diagnóstico brillante sin hoja de ruta viable termina siendo frustración. Si Sánchez quiere gobernar la cultura, debe aprender que las buenas intenciones no financian las actividades culturales ni descolonizan ministerios. La urgencia real exige presupuesto (el actual es de apenas S/826.8 millones para todo el sector), régimen laboral especial (cuando el 70.7% del país es informal) y gestión pública profesional. Sin eso, el mejor diagnóstico será solo un epitafio hermoso.

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