El plan de gobierno de Keiko Fujimori para el sector educación acierta al identificar brechas evidentes: infraestructura deficitaria, baja conectividad, deserción escolar y pobres resultados en pruebas PISA. Sin embargo, el diagnóstico se queda en una radiografía sin autopsia. No profundiza en las causas reales de esos males: una gestión pública fragmentada, la corrupción enquistada en la ejecución de obras educativas, la debilidad crónica de los gobiernos regionales y locales, y el colapso del liderazgo pedagógico dentro de las escuelas. En otras palabras, reconoce los síntomas, pero evade discutir la enfermedad del sistema, aquella que ha permitido que la brecha en infraestructura educativa ascienda a S/ 158,832 millones hasta diciembre de 2024, según datos del Ministerio de Educación.
Prometer 3,000 colegios nuevos suena ambicioso, pero la brecha real exige una inversión que supera los S/ 158,000 millones, y más del 70% de las escuelas carece de servicios básicos completos. Datos de la Estadística de la Calidad Educativa (Escale) del Minedu indican que, de un total de 71,202 instituciones educativas, solo el 47% cuenta con acceso a agua potable por red pública y apenas el 41.9% dispone de desagüe por red pública, situación que se agrava en el ámbito rural, donde solo el 18% de colegios accede a agua potable y el 12% a desagüe. Sin un plan masivo de mantenimiento preventivo ni una estrategia clara para fortalecer la capacidad de ejecución regional —en 2024, los gobiernos locales solo ejecutaron el 65.1% de su presupuesto para infraestructura educativa, dejando de invertir S/ 254 millones— esas promesas corren el riesgo de replicar los fracasos del pasado. Algo similar ocurre con los 6 millones de dispositivos tecnológicos prometidos: sin formación docente sostenida y sin conectividad operativa real, se repetirá la historia del Plan Huascarán. La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, pese a contar con una capacidad contratada de 137 Gbps en julio de 2025, registra un uso efectivo de apenas entre 18% y 24%, lo que evidencia que el problema no es solo infraestructura, sino gestión y sostenibilidad.
Aquí está el vacío más grave del plan. Se habla de inteligencia artificial, inglés y habilidades blandas, pero no se enfrenta el núcleo del fracaso: la gestión pedagógica dentro del aula. No hay estrategia de acompañamiento situado al docente, ni reforma de la formación inicial magisterial (la raíz del problema), ni liderazgo directivo efectivo. Mientras no se resuelva que, según los últimos resultados de PISA 2022, más de la mitad de los estudiantes peruanos no alcanza las competencias básicas en matemáticas, con apenas un 34% logrando el nivel mínimo de desempeño, hablar de IA en escuelas rurales es, técnicamente, una desconexión irresponsable. El plan confunde currículo declarado con currículo implementado, y omite que, según el diagnóstico de brechas del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, el 84% de los locales de educación secundaria presenta condiciones inadecuadas, y en regiones como Callao, Junín y Pasco, más del 90% de la infraestructura educativa es deficiente. Cabe precisar que los resultados de PISA 2025 aún no han sido publicados —la evaluación se aplicó entre agosto y setiembre de 2025 y los resultados se esperan para el segundo semestre de 2026— por lo que la cifra del 34% en nivel mínimo de matemáticas corresponde a la medición más reciente disponible, correspondiente a 2022.
El énfasis del plan en articular educación con empleo es necesario, pero insuficiente y reduccionista. Trata la educación como una mera herramienta del mercado, descuidando su función esencial: formar ciudadanía crítica, pensamiento humanista, creatividad y democracia activa. No hay reflexión sobre cómo fortalecer la escuela como espacio de deliberación ética y pluralidad, mientras que las cifras de deserción escolar siguen siendo alarmantes: más de 360,962 estudiantes de entre 4 y 18 años no reciben ningún tipo de educación en el Perú, según información del Minedu y Reniec. Esta deserción tiene causas estructurales —trabajo infantil, embarazo adolescente, pobreza extrema— que no se resuelven solo con sistemas de alerta temprana. Además, la propuesta de reforzar valores patrióticos no explica cómo implementarse sin caer en adoctrinamiento, un riesgo grave en una educación pública laica y diversa.
El plan tiene luces: metas cuantitativas claras, reconocimiento de la deuda social docente y un sistema de información integrada. Pero su debilidad estructural es profunda. Ignora la evidencia nacional e internacional de que la mejora educativa sostenible depende de reformas pedagógicas, liderazgo escolar efectivo, acompañamiento situado a los docentes y capacidades reales de gestión descentralizada. Tampoco aborda la reforma de las UGEL, ni mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, ni una estrategia anticorrupción en la ejecución educativa. La ineficiencia en la ejecución del gasto es evidente: mientras el Gobierno nacional ejecutó el 95% de su presupuesto para infraestructura educativa en 2024, los gobiernos regionales apenas alcanzaron el 87.8% y los locales un preocupante 65.1%, lo que evidencia que el cuello de botella no es la falta de recursos, sino la incapacidad de gestión subnacional.
El plan de Fujimori para educación ofrece la imagen de un "Estado gerente" eficiente en infraestructura y conexión laboral, pero frágil en lo cualitativo, democrático y pedagógico. El Perú no necesita solo más colegios y laptops; necesita una revolución silenciosa dentro del aula. Sin reforma de la formación docente, sin liderazgo pedagógico y sin una visión de educación como derecho humano integral, estas propuestas seguirán perpetuando las mismas brechas que dicen cerrar. La evidencia está ahí: 16.2% de colegios en estado crítico o colapsable, más de S/ 158,000 millones de brecha de inversión, y una Red Dorsal subutilizada que desperdicia recursos públicos. Eso, en este plan, no aparece.
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